Así tituló Tal Cual la nota informativa en la que da cuenta de la oposición a aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal que, además de acelerar los juicios, obliga a los institutos y a las empresas de telecomunicaciones a crear unidades para grabar conversaciones. Una especie de regreso de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia -denominada Ley Sapo- que el año pasado conmocionó al país y que tuvo que ser derogada.
Esta nueva ley aprobada en primera discusión viola, según los expertos constitucionalistas, entre ellos Hermann Escarrá, los artículos 48 y 60 de la Constitución Nacional, pero lo que es peor, le da legalidad a la practica casi cotidiana de los personeros del gobierno y del chavismo de grabar las conversaciones telefónicas para incriminar a los que se oponen al gobierno en delitos, especialmentwe comunes.
Lea a continuación la nota de Tal Cual y la de El Nacional.
