El Nacional en un amplio reportaje publicado ayer hace pública una denuncia tan grave que no dudamos que ya la Fiscalía General o la Defensoría del Pueblo están investigando, noticias criminis mediante: en la página web del Tribunal Supremo de Justicia -el supremo velador de los derechos de los venezolanos- violan la privacidad de los niños víctimas de abusos, entre ellos los sexuales, inclumpliendo de esta manera con los estipulado en la Ley Orgánica de protección del Niño y el Adolescente (Lopna), la misma que ha servido de mampara para cerrar algunos medios de comunicación privados. Con la publicación de los documentos en web sin proteger los nombres de los menores que allí aparecen, los convierte en una nueva víctima al exponerlos al escarnio público. Hoy el TSJ responde a través del mismo diario: admite el error y dice que no estaba en el ánimo del organismo cometer la falta que prometen corregirán. En este caso ¿qué hace la ley?, ¿el no haberlo hecho a propósito exime al máximo organismo judicial de alguna culpabilidad?. Seguiremos viendo a ver qué pasa con este asunto.

A continuación lea las dos notas.

EL NACIONAL -

Lunes 10 de Noviembre de 2008

A través de la red pueden leerse las sentencias, con el nombre y apellido de los afectados por abuso sexual

MIREYA TABUAS
mtabuas@gmail.com

La información privada de delitos que involucran a niños y adolescentes puede ser vista en la página web del TSJ
J. quería localizar a esa amiga con la que estudió sexto grado, 4 años antes, en una escuela del oriente del país. Introdujo en un buscador de Internet el nombre, que es bastante raro, y pensó que sería fácil encontrarla por ese medio virtual. No halló su correo electrónico, ni su Facebook ni su blog. Se encontró con algo inesperado y terrible: la amiga, a los 12 años de edad, había sido violada por un familiar. Lo que siguió a esa primera impresión no fue menos duro para el muchacho: pudo leer la declaración de la joven, con pelos y señales, y el informe forense que indicaba cómo habían quedado sus órganos sexuales.

El delito del que fue víctima la adolescente está a la vista de todos en la red. Cualquier compañero de aula, maestro o empleador, cualquier extraño puede leerlo. Y no fue un enemigo, que quiso hacer pública su terrible vivencia para perjudicarla. La sentencia fue puesta en Internet por el máximo organismo del Poder Judicial: está en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia: http://www.tsj.gov.ve No se trata de un solo caso.

Según un primer arqueo de información, hay más de una docena de expedientes similares (El Nacional conserva copia impresa de cada una estas páginas, como prueba). Se trata de sentencias que están relacionadas con abuso sexual de niños y adolescentes venezolanos, que permanecen a la vista de cualquier internauta, y muestran la identidad de los victimarios y también el nombre y apellido de las víctimas, la localidad donde habitan y demás datos.

La identidad de los menores de edad también se hace pública en muchas sentencias relacionadas con demandas por pensión alimentaria e, incluso, las colocaciones familiares. La mayoría de los expedientes datan de 2003 a 2007, pero los hay también de este año.

Todos pertenecen a tribunales penales de control del interior del país. En un juicio referido a un estado llanero, por ejemplo, se relata la forma reiterativa en la que un padre viola a sus dos hijos menores de edad. Hay expedientes con la identidad de niños de Monagas (2006), Los Teques (2008), Vargas (2004), Valles del Tuy (2007), Barinas (2004), Yaracuy (2008), Mérida (2006), entre otros.

Algunas sentencias omiten el nombre de los muchachos (tal como lo establece la ley), y lo sustituyen por una serie de letras x o con una frase que indica que la identidad está protegida; sin embargo, la cantidad de documentos con nombre y apellido de menores de edad sigue siendo abundante en la red. Incluso, hay un expediente de Anzoátegui (2007) donde se resguarda la identidad del victimario adolescente, pero no la de sus víctimas, que aparecen con sus nombres completos, aunque ambas tienen menos de 10 años de edad. Violación de derecho.
La gerente de Defensa del Instituto Autónomo Consejo de Derechos del Niño y el Adolescente, María Auxiliadora Marín, expresó que desconocía que estuviese ocurriendo esa situación y manifestó preocupación. "Sin duda se está vulnerando el derecho de los niños, niñas y adolescentes", indicó. Agregó que el instituto estudiará el caso para emitir opinión.

El abogado Carlos Trapani, experto en Derecho Internacional Humanitario y coordinador del Programa de Incidencia Pública de la organización no gubernamental Cecodap, recalcó que esas sentencias son violatorias de derechos: "Si bien la publicación en la web cumple una función pedagógica y hace la justicia más accesible, no se deben vulnerar los derechos del niño".

Señaló que el artículo 65 de la Lopna deja claro que no se pueden exponer por ningún medio imágenes ni informaciones que permitan identificar a un niño, sea víctima o victimario. "Eso significa no sólo que se debe omitir el nombre en la sentencia, sino otros datos -como edad, localidad, nombres de los padres- que indirectamente lo puedan identificar, sea sujeto activo o pasivo de un delito, y también en expedientes de divorcio".

Recomendó a las personas afectadas por esta situación que introduzcan una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que se haga una revisión de la base de datos de la página web.

Oscar Misle, director de Cecodap y terapeuta infantil, añadió que la divulgación de la privacidad afecta psicológicamente a los involucrados.

"Cualquier circunstancia privada de una persona, cuando se da a conocer socialmente, puede estigmatizarlo: el niño que ha sido víctima o victimario de un delito pasa, entonces, a tener una marca, un rótulo, una especie de mancha social, que va a tener implicaciones en su estima y lo puede excluir socialmente". Sostuvo que, aparte de que está prohibido por la ley, la divulgación de los datos de esos infantes puede exponerlos a peligros, como retaliaciones y venganzas.

¿La medida urgente? Proteger a todos esos niños, que son otra vez víctimas, al quedar expuesta su privacidad de la manera más cruda.

 

TSJ admite que fue un error publicar nombres de niños en la web

El magistrado Juan Perdomo afirmó que establecerán mecanismos que resguarden la confidencialidad

MERCEDES MEDINA SANZ

mcmedina@el-nacional.com

La difusión de información confidencial sobre menores de edad puede causarles daño psicológico"Es verdad que aparecen nombres de niños, y vamos a combatir eso porque se lesiona un interés. No estaba en nuestro ánimo haber incurrido en ese error. Fue algo que se nos pasó", dijo ayer el magistrado Juan Rafael Perdomo, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. De esta manera se excusó ante la denuncia que publicó ayer El Nacional sobre la difusión abierta y sin restricciones en su portal web de sentencias que no ocultan la identidad de niños y adolescentes.Perdomo señaló que se reunirán con la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, con los jueces de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes y el personal de Informática, para revisar todos los expedientes que se han difundido y evaluar los mecanismos que utilizarán con la finalidad de resolver el problema.
"Estamos pendientes del trabajo publicado por ustedes, y nuestro deber es corregir esa falla", dijo en relación con la información reseñada por la periodista Mireya Tabuas. En el artículo se destacan varios casos que están en la web del máximo tribunal, donde se mencionan los nombres y apellidos de menores de edad y se aportan datos confidenciales, incluso narrados por las víctimas durante los juicios.

Perdomo acotó que Venezuela suscribió las convenciones internacionales de derechos del niño y las normas que resguardan la confidencialidad de sus casos, que están consagradas en la Lopna. Dijo que actuarán conforme a las leyes vigentes.

"Hay que preservar la confidencialidad y privacidad de los niños. En ese sentido, la divulgación de información de niños y adolescentes en documentos legales contradice el artículo 65 de la Lopna". Esta norma resguarda la vida privada de los infantes y prohíbe la exposición de datos confidenciales en cualquier medio.

La presidenta de la Fundación Caracas para los Niños de la Alcaldía Metropolitana, Anahí Arizmendi, precisó que la difusión de esta información en páginas web constituye una trasgresión al derecho a la confidencialidad y recordó que Internet en un medio de difusión masivo.

"El TSJ debe establecer procedimientos para evitar la divulgación de los nombres de los muchachos y datos que los identifiquen, porque no sólo se violan las leyes, sino que también implica daños psicológicos", subrayó Arizmendi.

Aclaró que la publicación de información confidencial sobre jóvenes puede lesionar e incluso dañar el proceso de rehabilitación al que son sometidos para aminorar el daño psicológico.

Por ejemplo, dijo, publicar casos de abuso sexual es muy delicado y de mucha gravedad porque 70% de esos casos son ocasionados por personas del entorno familiar. "Los muchachos pueden ser estigmatizados, y eso entorpece la rehabilitación".

Añadió que hacer del conocimiento público información confidencial sobre el victimario no sólo afecta al sujeto sino también a toda la familia.

Perdomo reconoció que la Sala Social publica sus sentencias y sostuvo que van a revisar aquellas donde están publicados los datos confidenciales. "Si alguna institución ha trabajado por el cumplimiento de la Lopna hemos sido nosotros. Por eso nos vamos a reunir y hablaremos con todos los tribunales regionales para no dejar pasar esos errores, que no son intencionales.

Estamos buscando el mejoramiento del sistema y de los procesos por el bienestar colectivo", puntualizó.