Carlos Genatios estaba desaparecido del mundo político público, excepto por alguna que otra declaración como miembro de Ojo Electoral . Ahora, el primer Ministro de Ciencia del gobierno de Chávez, el consentido por un buen tiempo, no sólo del gabinete sino de algunos periodistas de la prensa escrita y audiovisual, reaparece tras seis años de ausencia, para opinar y exponer sus puntos de vista de manera mucho más crítica en torno a las Universidades, la investigación científica, Locti y, desde luego, del CNE en una entrevista que le hizo Javier Pereira para el suplemento Siete Días de El Nacional. Confiesa que sigue siendo socialista, y habla de discriminación política.

foto  SANDRA BRACHO (El Nacional)

EL NACIONAL

Domingo 22 de Junio de 2008     

Siete Días.entrevista

JAVIER PEREIRA

El currículo de Carlos Genatios es el resumen de una larga lista de logros académicos. Es ingeniero civil y filósofo graduado en la Universidad Central de Venezuela, ambos títulos con mención summa cum laude.Es doctor del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, mención honorífica. Fue fundador de la Asociación Iberoamericana de Ingeniería Sísmica, director del Instituto de Materiales de la UCV y profesor o investigador, invitado o visitante, en centros de estudio de Francia, Estados Unidos, Cuba, China, Inglaterra, Brasil, Nicaragua, Italia y España.Un desempeño académico que, sin embargo, no opaca el elemento más conocido de su perfil: la pasantía de casi tres años por la revolución bolivariana como el primer ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno de Hugo Chávez.

Seis años después de su separación del Gabinete, Genatios se sigue definiendo como un hombre de izquierda y reflexiona sobre la necesidad de desmontar la polarización política. Critica el discurso agresivo del Presidente, pero cree que las universidades deben renovar su compromiso con el desarrollo del país. "Muchos de los centros de investigación que teníamos en los años setenta están abandonados. Pero eso no es sólo un asunto de este gobierno; desde hace más de 15 años se ve en las universidades un deterioro en la capacidad de generar conocimiento".

–¿El conflicto entre las universidades autónomas y el Gobierno ha complicado también el financiamiento de la investigación?

–Eso no es del todo cierto. Hay nuevos programas de financiamiento, sobre todo con las herramientas que proporciona la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), promulgada en 2001. Claro que hay un deterioro en la calidad de vida de los profesores y los investigadores, por los bajos sueldos, y eso hay que resolverlo; pero también hay que reforzar el compromiso de esos profesores e investigadores con el desarrollo del país. Ese es uno de los efectos negativos de la confrontación política, que ha penetrado las universidades. La polarización es un insulto a la inteligencia y un atentado contra el desarrollo del país. Cuando divides a una nación entera entre los que te quieren o los que no te quieren, estás creando una enorme hipoteca para el desarrollo.

–¿Cómo evalúa la aplicación de la Locti hasta ahora?

–Ese instrumento busca la promoción de alianzas entre el sector académico y el sector productivo, para estimular la inversión en tecnología. En ese proceso, el Estado tiene el rol de líder para promover los espacios de encuentro y fomentar el intercambio. Hasta ahora, eso se ha venido asentando y va por buen camino, pero falta muchísimo por hacer.

–¿El enfrentamiento entre el sector empresarial y el académico con el Gobierno ha dificultado estas iniciativas?

–Ese es el problema. La ley es un espacio de encuentro, que el Gobierno puede aprovechar o desechar. Si la Locti se convierte en una herramienta para que el Estado lidere el desarrollo tecnológico, en alianza con la academia y los empresarios, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, las empresas petroleras tienen mucho que aportar para estimular la investigación en geología, ingeniería petrolera y desarrollo de energía.–Pero desde el año 2003 la capacidad de Pdvsa para impulsar investigaciones se ha reducido, con el desmantelamiento de Intevep.

¿Usted percibe que hay voluntad política para revertir ese proceso?

–El Gobierno tiene una gran deuda en la investigación en el campo de la energía, y esta ley pone muchas herramientas a disposición del Estado para poder impulsar ese proceso.Ojalá puedan aprovecharse.

–¿Qué impacto ha tenido en la investigación científica el proyecto de la Misión Ciencia?

–No lo sé. No se sabe nada de ese proyecto, qué se divulga y dónde se divulga. Pero es que hay que entender una cosa: el conocimiento no se decreta ni los títulos universitarios pueden regalarse. El conocimiento es un proceso que requiere un enorme esfuerzo personal, de superación y empeño, y el papel del Estado es generar las condiciones adecuadas para que cualquier venezolano pueda tener las oportunidades para desarrollarse académicamente. Los largos años de estudios universitarios no pueden ser comprimidos.

–¿Es equivocada, entonces, la estrategia de la Misión Alma Mater, de construir nuevas universidades para resolver el problema de la exclusión?

–Hay que reconocer que hay una gran insuficiencia de cupos universitarios en el país y hay que generar políticas públicas para resolverla, pero creo que la estrategia es equivocada. No se puede pretender, por ejemplo, improvisar profesores de un día para otro.

Yo me pregunto: ¿de dónde saldrán los docentes de esas universidades? No se puede plantear que alumnos de quinto año le den clase a los de cuarto. En el caso de los médicos, por ejemplo, el entrenamiento académico y práctico de siete años es imprescindible. Es muy delicado pretender resumir los estudios de los profesionales de la salud, sólo porque se requiera personal para trabajar en hospitales.

–Esa necesidad se genera, en buena medida, por la fuga de profesionales a otros países, fenómeno que el Gobierno parece desestimar.

–Ese es un enorme problema.
Los jóvenes dicen que buscan "nuevos horizontes" porque perciben que no tienen oportunidades en Venezuela. Hay una sensación de asfixia a la iniciativa individual y privada, o incluso el cierre de fuentes de trabajo en instituciones públicas. Un discurso tan agresivo desde el Gobierno hace que las perspectivas de desarrollo de los nuevos profesionales se hagan muy complejas, difíciles, limitadas. Tu futuro no puede depender de ponerte una franela de un color, o quitártela. Con esa actitud, Venezuela pierde oportunidades de desarrollo todos los días.

–¿Cómo se explica que eso ocurra en un país donde abundan los recursos por los ingresos petroleros?

–Venezuela tiene muchos recursos, pero hasta ahora ese dinero no ha generado un impacto importante en la calidad de vida de la gente y en el desarrollo del país; y un elemento clave para entender esto es la debilidad institucional. En este país las instituciones no pueden discriminar a los ciudadanos. Este gobierno llega al poder, precisamente, porque se oponía a este tipo de prácticas, pero resulta que ahora ocurren cosas peores, con la sistematización de la discriminación política a través de listas.

–¿Las elecciones regionales de este año pueden ser una oportunidad para renovar y fortalecer las instituciones políticas?

–Los comicios del 23 de noviembre son la perfecta oportunidad para escoger nuevos liderazgos regionales, que representen a los ciudadanos, y el CNE tiene también una nueva oportunidad para reivindicar su imagen. Pero mientras más obstáculos se pongan en el camino, las oportunidades se convierten en amenazas. El CNE debe, por ejemplo, evitar el uso de las morochas, fortalecer el control sobre el financiamiento de las campañas y procurar el equilibrio informativo en los medios de comunicación. Hay una larga lista de tareas en las que el CNE está muy lejos de recibir una buena calificación.

–¿Las inhabilitaciones pueden convertirse en otra amenaza? Todas las instituciones parecen sincronizadas para reforzar la posición de Clodosbaldo Russián.

–Como ya lo hemos dicho desde Ojo Electoral, es imprescindible que las instituciones respeten el Estado de Derecho y no respondan a presiones políticas. La Contraloría debió haber entregado todos los expedientes al Ministerio Público, para que se abrieran las investigaciones y se respetara el derecho a la defensa. Además, esa lista es muy sesgada. Yo me pregunto si no hay suficientes casos de altos funcionarios con enriquecimiento evidente como para que el contralor los analice: gobernadores, ministros, hasta la propia familia del Presidente en Barinas. Los empleados públicos no pueden obedecer a presiones políticas. Si el CNE acepta las inhabilitaciones, estará violando la Constitución y varios tratados internacionales. Los venezolanos necesitamos sentir que podemos confiar en las instituciones. Este gobierno llegó al poder gracias a ese discurso, pero su conducta no parece compadecerse con esa promesa.