por María Teresa Arbeláez
Los funcionarios gubernamentales ya no saben qué decir para disfrazar el crimen que se está cometiendo contra los venezolanos y en especial contra los venezolanos pobres al dejar perder cientos de miles de kilogramos de comida, mientras en las bodeguitas, supermercados y mercados libres brillan por ausencia o por su costo cercano al del oro. Por eso apelan desesperadamente a los eufemismos.
Mientras continúan apareciendo depósitos de alimentos vencidos, pasados, podridos, piches (como dice Últimas Noticias en sus titulares) el ministro de Energía y Petróleo, el brillante autor de la frase rojo rojito, y máxima cabeza de la empresa petrolera nacional dueña y señora de PDVAL, la responsable de los container diseminados por todo el país con una carga valiosa ya pestilente, admitió que las autoridades han reconocido la existencia de 30.000 toneladas de alimentos “no conformes” en 1.200 contenedores en Puerto Cabello. Cifras diferentes a las denunciadas por legisladoras carabobeñas quienes reportaron 2.723 furgones con 81.690 toneladas de alimentos en ese mismo puerto.
Ilustración: Rayma, El Universal 02/07/2010
La cantidad de alimentos “no conformes” reconocida por el funcionario constituye la cuarta parte de la sumatoria de los reportes que casi a diario desde hace ya varios meses vienen mostrando los medios de comunicación como resultados de denuncias de la comunidad –mucha de ella roja rojita- y que se calcula por encima de las 120.000 toneladas.
Y paralelamente a ese cuasi reconocimiento (porque de “no conforme” a podrido y vencido hay una distancia kilométrica) los otros funcionarios encargados de velar por la integridad y salud de la población se están haciendo los musiúes. Por ejemplo, la Defensora del Pueblo explicó a la prensa que no tiene competencia en ese asunto; la Fiscal General descarta la culpabilidad de altos funcionarios antes de terminar la investigación y no se da por enterada de un viejo informe de la Contraloría; el mismísimo Contralor dice que sí se dio cuenta en algún momento, que lo puso en su página web y que lo envió a la Fiscalía, pero al parecer, todo indica, que no le hizo seguimiento para saber si por lo menos habían recibido el informe.
Todo esto ocurre al mismo tiempo que la Asamblea Nacional, dedicada y ocupada como está en criticar a los escuálidos, a ver cómo friega a las universidades que funcionan y atienden a la gente, a maquinar cómo logran neutralizar a gobernadores y alcaldes no afectos, no dispone de un tiempito –en cinco oportunidades ha dicho ya que no hablará del asunto- para discutir públicamente el asunto, en cadena nacional sería lo ideal para que la población afectada se entre. En cambio espera pacientemente y sin alharaca que la Comisión Mixta “haga toda sus evaluaciones y presente el informe correspondiente como está establecido en el reglamento”, porque “de esa manera es como el país se va a enterar de cuáles son los avances que ha vivido en esa situación”. Y los tribunales, ay los tribunales que muchas veces actúan por ordenes supremas, no han dicho ni ñe.
Y eso que solo hablamos del caso de la comida podrida. No miramos la epidemia de dengue, ni los diarios apagones, ni la prohibición de discutir contratos colectivos, o la persecución implacable a propietarios de casi cualquier cosa.
¿Será que lo que es “no conforme” es el gobierno en pleno?
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