Hay quienes todavía tienen temor de ingresar a algunas de las redes sociales como Facebook o My Space porque, dicen, eso expone la intimidad de uno a que la vea un gentío. Pero resulta que desde la lista de Tascón para acá esa intimidad está violada de hecho. Ya no se trata de las inclinaciones políticas nada más, sino también datos bancarios, personales y otra cantidad de de información privada que exponen a cualquiera no sólo a la persecución política como pasó con la lista del diputado hoy candidato en desgracia, sino a ser víctimas de delitos comunes, como el secuestro y la extorsión. La alarma la da hoy El Nacional con un trabajo en el centro de Caracas, incluso en la puertas del edificio donde funcionan las comisiones de la Asamblea Nacional , donde por 20 bolívares fuertes cualquiera puede comprar un CD con los archivos de organismos como la Oficina Nacional de Extranjería, el Cicpc, el Registro Electoral Permanente, el Seniat y compañías como Cantv y Movilnet. Mientras tanto el cuerpo legislativo nacional mantiene engavetada desde hace tres años un proyecto de ley de resguardo de identidad. Lea la nota de continuación.
Foto: El Nacional
EL NACIONAL
Un CD con la información que manejan organismos públicos cuesta 20 bolívares fuertes
Los números telefónicos, parcialidad política, direcciones y correos de los ciudadanos se venden masivamente en un disco compacto
Para acceder a las bases de datos de organismos estatales o empresas de telecomunicaciones, y conocer la dirección, números telefónicos, correos electrónicos y parcialidad política de cualquier venezolano no es necesario ser funcionario de un servicio de inteligencia ni gastar mucho dinero.
Basta con acercarse discretamente al puesto de algún buhonero de Caracas y pagar 20 bolívares fuertes –o 20.000 bolívares– para comprar un disco compacto que contiene los archivos de organismos como la Oficina Nacional de Extranjería, el Cicpc, el Registro Electoral Permanente, o compañías como Cantv y Movilnet.
Algunos vendedores ofrecen descuentos por los CD, debidamente presentados con los logotipos a todo color de cada institución.
"Si se lleva más de 4, le dejo cada uno a 10 bolívares", promete uno de los vendedores que están en la planta baja del edificio José María Vargas, sede de las comisiones de la Asamblea Nacional. El comerciante cumplió su palabra.
En abril, la Superintendencia de Bancos ordenó a las instituciones financieras suministrar al Seniat –cuya base de datos también comercializan los vendedores informales– una lista con los números de cédula, registro de información fiscal, y la fecha y monto de las transacciones de los clientes que registren saldos mensuales mayores a 200.000 bolívares fuertes.
Los problemas que le ocasionó la Lista Tascón a muchos empleados públicos que por firmar en contra del presidente Hugo Chávez fueron despedidos o se les condicionó su ingreso a una empresa estatal, quedan rezagados frente al riesgo que correrán los ahorristas si sus saldos mensuales llegan a manos indebidas. Más aun ante la inexistencia de un instrumento jurídico que regule el manejo de información privada.
Ley engavetada.
La abogada Betzabeth Romero redactó en 2005 el proyecto de Ley de Protección de Datos con el fin de establecer las sanciones y penas para quienes violen la privacidad de los ciudadanos, y crear un marco jurídico que obligue a los organismos públicos a garantizar el resguardo y correcto uso de los datos personales.
El instrumento legal fue presentado ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Aun cuando comenzó a discutirse, no se le dio prioridad en el debate parlamentario y se quedó en las gavetas del Poder Legislativo.
"Quienes acceden a información privada tienen la posibilidad de construir perfiles tan detallados que les permitan conocer las rutinas de cualquier persona, así como sus hábitos de consumo, los lugares que frecuenta, y hasta datos de sus familiares. Algunos podrían utilizar esta información para mercadear productos entre un público determinado, pero también para cometer delitos como secuestro, extorsión o intimidación", advierte la abogada, con una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, España.
Esperan rectificación.
La circular a través de la cual la Sudeban ordenó a los bancos hacer la lista de sus ahorristas con más de 200.000 bolívares, fue prácticamente la última comunicación firmada por el ex superintendente Trino Alcides Díaz, poco antes de que María Elena Fumero asumiera la dirigencia del organismo.
Algunos representantes del sector financiero confían en que la nueva superintendente rectifique esta medida, pero hasta ahora la Asociación Bancaria no ha recibido una comunicación oficial que indique su derogación.
La abogada Romero advierte que la posibilidad de que varios organismos públicos puedan intercambiar datos entre sí aumenta los riesgos de que la información privada sea manipulada por varios y caer en malas manos.
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