La bandera política del Presidente, la que le ha permitido tener millones de votos, la del gobierno de la voluntad popular, hoy en día no es más que una oferta demagógica que va agotándose con los años y que pierde la fuerza que obtuvo a través de la Constitución y las Leyes. Un análisis a profundidad del tema, realizado por Carla Navarro y Hernán Lugo Galicia en El Nacional, constituye un documento imperdible para quienes aun no estén convencidos de que la voluntad popular no reside en el pueblo sino en el presidente Hugo Chávez. Los hechos son las pruebas: Chacao, Zulia y Ledezma solicitaron la opinión popular, pero en esa tres oportunidades les fue negada la posibilidad por el CNE.
Caricatura tomada de taringa.net
Lunes 27 de Julio de 2009
ANÁLISIS Advierten que Chávez no aceptará elecciones si los escenarios le fueren adversos
Gobierno vulnera su principal bandera política: la voluntad popular
El oficialismo ha recurrido a artilugios legales y políticos para mantenerse en el poder, denuncian expertos
Cuando llegó al poder en 1999 y teniendo como bandera política “la democracia participativa y protagónica”, Hugo Chávez convocó una Asamblea Nacional Constituyente. El concepto de la voluntad popular fue reforzado en cuatro artículos de la carta magna, además del Preámbulo; sin embargo, en la práctica, no ha sido sencillo que la soberanía resida realmente en el pueblo.
Sólo en 2009 el Consejo Nacional Electoral rechazó tres referendos: el primero, en Chacao, donde la comunidad decidiría sobre la demolición del viejo Mercado Municipal para construir un centro cultural.
El segundo, en el estado Zulia, donde el Consejo Legislativo proponía una consulta acerca de la competencia de los puertos, aeropuertos y carreteras.
Y el tercero, solicitado por el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, sobre la Ley del Distrito Capital, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.
La participación ciudadana tiene, pues, rango constitucional y es reconocida en el marco legal. La carta magna (artículo 70) garantiza la forma como los ciudadanos pueden intervenir en los asuntos públicos: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros”.
El artículo 4 de la Ley de Consejos Comunales reitera, por ejemplo, como una vía para ejercer la voluntad popular, la asamblea de ciudadanos: “Es la instancia primaria para el ejercicio del poder popular, y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento”. Además, el artículo 19 de la misma ley incorpora la figura de asamblea constituyente.
Luis Irausquin, miembro de uno de los 26 consejos comunales de los 28 que existen en Chacao y que aprobaron en asamblea sustituir el viejo mercado municipal, lamentó que el poder central no respete la decisión de las comunidades. “La justicia no es igual para todos. La Constitución y las leyes establecen que la soberanía reside en el pueblo y en la realidad no es así. El Gobierno no nos escucha, juega con nuestros derechos”.
Asegura que, a pesar de que creen poco en la independencia de los poderes públicos, agotarán todos los recursos.
“El Gobierno aplica una política de terror contra los ciudadanos y usa los organismos del Estado para hacer su voluntad. Las instancias están secuestradas y por eso no nos escuchan”.
Falta. El decano de Derecho de la UCAB y abogado constitucionalista, Jesús María Casal, señaló que las elecciones regionales de 2008 mostraron cómo en el país se irrespeta la voluntad popular. Citó el proceso administrativo por el cual la Contraloría General de la República inhabilitó a 238 funcionarios, medida que puso en desventaja a candidatos opositores que, según las encuestas, resultarían ganadores.
Una vez anunciados los resultados electorales, dijo Casal, el Ejecutivo inició una campaña de descalificación contra los nuevos mandatarios regionales opositores. Como pruebas del irrespeto a la voluntad del pueblo, Casal mencionó también la Ley del Distrito Capital, que la AN aprobó en tiempo récord, y la designación de Jacqueline Faría como autoridad única de Caracas, por encima de Ledezma que fue elegido con 722.822 votos.
María Corina Machado, directora de Súmate, señaló que el Gobierno acepta la convocatoria a comicios cuando las posibilidades de ganar son seguras y las evita en el caso contrario. Dijo que sólo si pierde acude a una nueva estrategia política: desconocer los resultados electorales
por evasivas legales. “El sistema electoral no posee mecanismos de control y permite el ventajismo en la campaña electoral; no hay restricciones claras para el uso de los recursos del Estados. El Gobierno amedrenta e intimida a los electores”.
Aseguró que democracia es mucho más que elecciones, así éstas sean limpias y transparentes. Sostuvo que el mandatario legitima las violaciones de la Constitución a través de comicios. “Si nos organizamos y montamos una estructura ciudadana se enfrentará esta perversa maniobra”.
Hechos. Durante el referéndum sobre la enmienda constitucional, el oficialismo, a través del CNE, se valió de normativas y reglamentos para poner en ventaja al partido de Gobierno. No se limitaron las cadenas del Presidente, ni tampoco su participación en actos proselitistas. Un informe de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE reveló que VTV transmitió 99% de publicidad a favor de la enmienda constitucional, mientras se rechazaron las denuncias de ventajismo electoral y uso de fondos del Estado en la campaña.
Jesús María Casal advirtió que la ley de procesos electorales aprobada en primera discusión- atenta contra la voluntad popular porque elimina la representación proporcional, al ignorar el voto de las minorías. “Se intenta favorecer sólo al Gobierno que esté de turno y no al pueblo”.
Libertad sindical. Las amenazas no discriminan entre sectores, como se evidenció durante el I Encuentro Nacional de Comités Socialistas. Allí, el ministro Rafael Ramírez señaló: “No voy a sentarme a discutir la convención con ningún enemigo de Chávez. ¿Qué es eso? De nada nos serviría tener una nueva Pdvsa si fuese un nido de escuálidos. Estamos resteados con el comandante Chávez”.
El contrato petrolero venció en enero de este año y aún no ha comenzado la discusión del nuevo. Germán Cortez, secretario general del sindicato en Zulia, acusó al Gobierno de colocar trabas a los comicios, y a Ramírez de amedrentar a los trabajadores del sector.
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