El suplemento dominical Siete Días de El Nacional destaca en primra página un excelente reportaje de Mireya Tabúas en el que mira todas las aristas de uno de los temas menos debatidos, pero más criticados de los últimos tiempo: el sistema educativo y la ley que el gobierno aspira a aprobar y poner en marcha en poco tiempo.

Incluímos también una imperdible entrevista con el ministro Héctor Navarro realizada por Leonardo Noguera para el mismo suplemento titulado”Todas las corrientes del pensamiento no pueden estar en una ley”. “A juicio del funcionario, los cupos son recursos colectivos, un bien público que debe ser administrado por el Estado docente, no por las universidades”, dice el sumario.

Educación sin ley
El 15 de julio, en el Teatro Teresa Carreño y frente a un público integrado por docentes, el presidente Hugo Chávez Frías definió el camino por el cual debía dirigirse la educación. “Estamos en un proceso de construcción del socialismo venezolano y, para ello, es necesario transformar el modelo educativo para lograr la transformación de los valores del capitalismo y crear los nuevos valores del socialismo”, dijo en el acto de graduación de la I Promoción del Máster en Educación del convenio Venezuela-Cuba. “En el país hemos estado regidos por la educación burguesa”, añadió.

Sus palabras se reflejaron directamente en los argumentos que, al día siguiente, ofreció la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, María de Queipo, al ser consultada sobre el tema. “La ley que regirá la materia educativa irá en consonancia con el proyecto de país del Gobierno. La educación no ha respondido a los valores éticos y morales que la sociedad reclama y todas las generaciones están afectadas. La gente ha estigmatizado el concepto de socialismo, pero el capitalismo ha desnaturalizado la vida del hombre”, dijo.

La diputada anunció que la comisión que preside presentará antes del 15 de agosto (día que culmina el actual período legislativo) el proyecto de Ley Orgánica de Educación y señaló que aunque en la Constitución no se menciona la palabra socialismo, el concepto está intrínseco en ella: “Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia, debemos formar para el tipo de sociedad que queremos, para la independencia, para la autodeterminación, para la pluriculturalidad”.

Pero el sector educativo no es dócil ante esta palabra y ha reaccionado con determinación ante lo que considera una propuesta anticonstitucional.

El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, suscribió el 19 de julio un documento, junto con otras organizaciones que agrupan a los padres y representantes, la educación privada y la educación católica. Allí señalan: “En reiterada violación de la normativa constitucional, la diputada Queipo insiste en alterar el objeto expreso de la Ley de Educación con una orientación socialista que no figura ni siquiera en forma implícita en los 350 artículos ni en las disposiciones transitorias de nuestra carta magna”.

De acuerdo con estas organizaciones, debe ser la Constitución la que rija la discusión junto con un documento clave: el proyecto de ley aprobado en primera discusión en 2001.

Ese año, la sociedad civil y los miembros de la Comisión de Educación ­léase oposición y Gobierno­ coincidieron en propuestas clave y elaboraron un proyecto producto del consenso, que fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional.

¿Qué elementos de ese proyecto resultan todavía hoy irrenunciables? El directivo de la Asamblea de Educación Leonardo Carvajal, corredactor de esa ley, enumera: La educación como derecho humano; el principio del Estado docente; la gratuidad y obligatoriedad de la educación; el respeto a todas las corrientes de pensamiento; la formación con criterio científico y no ideológico; la participación de la familia; la formación de valores inspirados en la Constitución; la descentralización; la autonomía pedagógica; la reivindicación del docente y el principio de equidad.

En esa propuesta se consagran como obligatorios 200 días de clases al año (en la ley vigente son 180); el turno integral (mañana y tarde) con suministro de comida; y la educación alternativa para los excluidos del sistema, entre otros. Principios muy lejanos al término “neoliberal” que le endosó Chávez, quien sentenció el documento al amenazar con devolverlo “con el bate de Sammy Sosa”.

El proyecto fue engavetado y ocho años después aún no se ha podido legislar sobre una materia capital para el país.

Documento oficial.
Queipo asegura que este año ha recibido más de cien propuestas de distintos sectores y que el proyecto aprobado en 2001 es sólo una más. “No hay obligación de tomarlo como base para la segunda discusión”, advierte.

Lo que asegura es que “el nuevo proyecto que se redacte irá a la calle antes de ser aprobado en segunda discusión por la Asamblea”.

Una promesa que no convence al presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, quien señala que la discusión a la que hace referencia la legisladora no es más que un “falso parlamentarismo de calle”.

Igual de escéptico se muestra el presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada, Octavio de Lamo. “Las sugerencias de la oposición no se toman en cuenta”, se queja. Ambos coinciden en que el único documento que se ha sometido a la discusión con las comunidades es el que presentaron los ministros de Educación, Héctor Navarro, y Educación Superior, Luis Acuña, el 23 de junio de 2009 a la Comisión de Educación.

Es un papel de trabajo de cinco páginas, titulado Aportes para la Elaboración de la Ley Orgánica de Educación, que no menciona la palabra socialismo, pero que propone que los cambios en la concepción de Estado y el modelo de la gestión pública se concreten en el gobierno escolar y en la construcción de consejos educativos comunales, como instancias de regulación y supervisión.

Defiende, además, la responsabilidad indeclinable del Estado en “la orientación, conducción, financiamiento y vigilancia de la educación”, la cual debe expresarse en el principio del Estado docente; y establece su potestad para “ejercer la suprema dirección de los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los profesionales del sector educativo”.

También le reserva al Ejecutivo el derecho de certificar la idoneidad académica de los profesionales de la docencia que vayan a trabajar en las instituciones, centros o espacios educativos oficiales y privados del subsistema de Educación Básica y el proceso de ingreso en las universidades.

De la propuesta consensuada de 2001, el proyecto AcuñaNavarro rescata, entre otros aspectos, la educación como derecho humano durante toda la vida; su gratuidad, calidad y pertinencia; y la defensa de la diversidad étnica y lingüística.

Posición en contra. El rechazo que ha generado el proyecto de los ministros remite al clima del año 2001 cuando el Decreto 1011, que creaba la figura de los supervisores itinerantes, movilizó a la sociedad civil ­con el eslogan “con mis hijos no te metas”­ que realizó las primeras marchas multitudinarias contra el Gobierno, promovidas por padres y representantes.

Los mismos actores denuncian hoy el excesivo centralismo de la propuesta oficial, y esta semana, ante el temor de que se apruebe una ley con esas características, se han movilizado para alertar sobre un “posible madrugonazo” en materia educativa.

A Leonardo Carvajal, vocero de la organización Asamblea de Educación, le preocupa el viraje que se le quiere dar a la misión pedagógica de la escuela, pues en el documento Navarro-Acuña se la define como “centro de la interacción comunitaria”, con lo que a su juicio los planteles podrían perder su función primordial de enseñar. Teme que se conviertan en un espacio de poder de instancias ajenas a la escuela.

Nancy de Martín, de Fenasopadres, añade: “En este documento se desdibuja la figura de la comunidad, el maestro deja de ser líder y el papel protagónico es el del llamado Maestro Pueblo o los saberes populares”. Dice que los ministros no defienden el Estado docente, sino “el gobierno docente, más bien el partido docente”. También critica que en la propuesta, la formación de los maestros y profesores queda bajo el control del ministerio y no de las universidades.

De Lamo afirma que también se le da un golpe al concepto de descentralización, al pretender quitarle el poder en materia educativa a gobernaciones y alcaldías para transferírselo a los consejos comunales, “que no son más que órganos satélites del Presidente de la República”.

Contrapropuesta. Miembros de organizaciones no gubernamentales, universidades, gremios docentes, organizaciones de padres y educación católica presentaron a la Asamblea, el 17 de junio, un documento que recoge lo que deberían ser los principios rectores de la nueva ley: centrar la educación en los valores democráticos; fundamentarla en el respeto de todas las corrientes de pensamiento; reafirmar la doctrina del Estado docente como parte de la democracia participativa; establecer con claridad los criterios para la descentralización y la autonomía pedagógica; propiciar la inclusión social; garantizar la calidad de la educación; respetar y enaltecer la carrera docente; asegurar la participación de docentes, padres, personal directivo y personal administrativo y obrero; establecer la evaluación de todos los ámbitos del sistema educativo; y concebir la educación como una responsabilidad del conjunto de la sociedad.

Otro documento, elaborado el 21 de julio por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, junto con organizaciones que agrupan a padres, docentes e investigadores, y presentado al día siguiente a la Asamblea, propone asumir el proceso educativo “con una visión democrática, basada en los principios de libertad de conciencia, solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, sustentada en los adelantos científicos y pedagógicos y que tenga como norte la calidad académica y libre de inherencias partidistas y proselitistas”.

Década de deuda. “Han pasado casi diez años y no hay consenso respecto al tipo de legislación que el país necesita para que la educación nacional no se deslice aún más por los cauces de la anomia y fragmentación institucional”, señala el autor del proyecto Memoria Educativa Venezolana, Luis Bravo, quien piensa que el Gobierno, a falta de ley, ha ajustado la normativa del sistema mediante reglamentos y decretos, lo que ha generado gran controversia pública.

Y ello, pese a que las disposiciones transitorias de la Constitución establecieron un claro mandato hace una década: “La Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, educación y fronteras”.

Para cumplir con ese mandato, distintas voces piden ser escuchadas. Lo dice Nancy de Martín: “Las acciones de política educativa han creado gran resistencia porque cuando se toca la cultura y la educación, se toca el alma de un pueblo”.

Lo que dice la Constitución

La carta magna aprobada en 1999 consagra la función indeclinable del Estado y el derecho a la educación privada

Artículo 59. (…) El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.

Artículo 103. (…) La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario (…).

Artículo 104. La educación es- tará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica (…).

Artículo 106. Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste.

Artículo 107. (…) Es de obli- gatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano.

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información (…).

Artículo 109. El Estado re- conocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación (…).

MINISTRO DE EDUCACIÓN HÉCTOR NAVARRO

“Todas las corrientes del pensamiento no pueden estar en una ley”

A juicio del funcionario, los cupos son recursos colectivos, un bien público que debe ser administrado por el Estado docente, no por las universidades

LEONARDO NOGUERA

Luego de un largo período en los Ministerios de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, Héctor Navarro volvió este año al despacho con el que inició la gestión gubernamental al lado del presidente Hugo Chávez en 1999: el Ministerio de Educación. Este ingeniero eléctrico graduado en la Universidad Central de Venezuela, institución de la que es profesor titular, presentó ante la Asamblea Nacional, junto con el titular de Educación Superior, Luis Acuña, una propuesta de los principios que a su juicio deben estar en el nuevo proyecto de ley educativa.

–Usted fue uno de los principales críticos del proyecto de ley aprobado en 2001, sin embargo, ¿no debería ser la base legal para la redacción del actual? –Ese primer proyecto tiene el pecado original de la ley orgánica vigente, que es que tiene elementos que son casi un reglamento, un contrato colectivo. Una ley orgánica debe dejar sentados los principios, la orientación, no tantos detalles.

–¿No está reflejada la Constitución en ese proyecto? –Falta un elemento fundamental: el tema de la admisión estudiantil en la educación superior, que para nada está allí porque había una capacidad de lobby de las universidades.

Los cupos son recursos colectivos, un bien público que debe ser administrado por el Estado, por el Estado docente, no por las universidades.

–¿Eso no violaría la autonomía universitaria? –La autonomía académica está hecha para garantizar la libertad de cátedra y la autonomía de los procesos administrativos que tienen que ver con eso. En ninguna parte dice que la selección de los estudiantes la deciden las universidades, sobre todo cuando hay privilegios como que, si soy profesor, mis hijos no tienen que presentar examen de admisión, pero el hijo de Petra Pérez sí lo tiene que hacer, ¿dónde carrizo dice que eso es autonomía universitaria? Ese es un recurso del pueblo que debe ser administrado para la sociedad, ¿que el cupo no alcanza? Vamos a ver cómo lo administramos para que todo el mundo tenga igualdad de condiciones para acceder a ese recurso. En la Facultad de Medicina de la UCV es raro conseguir a un estudiante que no sea hijo de profesor. La propuesta es que la nueva ley no incluya esa atribución a los consejos universitarios.

–Usted plantea en su propuesta que los consejos comunales incidan en la escuela. ¿Esa instancia no es un elemento ajeno al proceso educativo? –Eso tiene que ver con lo que la Constitución llama corresponsabilidad, participación, contraloría social. Nosotros decimos que debe tener una expresión concreta en la forma cómo la comunidad se vincula a la escuela. Para nosotros la democracia no es la descentralización. El problema es que ésta no sirve como funcionó hasta ahora, que era entregándole el poder a los gobernadores. No. Hay que entregarle el poder al pueblo, construir con el pueblo. Por ejemplo, el director de un plantel debería ser un cargo que pase por una evaluación que tome en cuenta la opinión de todos: de los alumnos, de los docentes, del director, de los padres y representantes, del colectivo. Si en el proyecto pedagógico de una escuela existe el consejo comunal o un grupo de teatro, es lógico que participen en la evaluación y también en la dirección del plantel.

–¿Pero se plantea que los consejos comunales o los vecinos que no tienen hijos en la escuela influyan en la decisiones de ésta? –No he dicho que cualquiera puede participar, sino aquellos elementos del entorno social que forman parte del colegio y que tengan un trabajo con él.

–No es eso lo que se desprende del documento que presentó ante la Comisión de Educación.

–La gente no lo entiende porque hay unos sectores que interpretan a su manera todo y lo manipulan. Por ejemplo, dicen que les queremos quitar a los padres la patria potestad de sus hijos y eso no está escrito en ninguna parte.

–En el documento se dice que la escuela es una forma de interacción comunitaria, ¿no se le estaría quitando su papel primordial, que es el formativo? –Lo que queremos es hacer una escuela abierta para que la comunidad pueda entrar y disfrutar de un evento deportivo, o pueda reunirse, como ocurre en todas partes del mundo. El Estado no renuncia a su capacidad rectora. Este nuevo Estado docente estará acompañado de una contraloría social. El currículo tiene que ser flexible, no es único para todo el mundo, no puedes plantearte educación y trabajo de la misma manera en Margarita que en Táchira. Pero hay elementos del currículo que no pueden ser flexibles, hay unos límites de Venezuela y esos debes enseñarlos.

–Una de las exigencias de la sociedad es que ésta no sea una ley que se adapte a un proyecto político, sino que dé apertura a todas las corrientes de pensamiento. Eso no está expreso en su propuesta, ¿por qué? –Todas las corrientes de pensamiento no pueden estar en un currículo, hay algunas que dicen que la educación tiene que ser religiosa y con una única doctrina o que un hombre puede tener varias mujeres. En Venezuela, no puedo decir que la educación esté abierta a todas las corrientes de pensamiento.

Tengo que poner condiciones. En la universidad sí, para el análisis académico, tienen que estudiarse todas las corrientes, pero a un muchachito de sexto grado no puedo decirle que aquí podemos ser una monarquía. Esto es una República y es un Estado social de derecho y de justicia, eso hay que enseñarlo en la escuela.

–Quiere decir entonces que hay límites en las corrientes de pensamiento permitidas… ¿El límite es el socialismo? –No, yo no he dicho eso, el límite es la Constitución y ahí sí no tranzo. Tú no ves en la propuesta la palabra socialismo.

–Pero hay una terminología muy asociada al proceso bolivariano. –Yo no puedo hablar de otra manera. Si Miguel Henrique Otero hace un discurso, éste será neoliberal, tú me perdonas.

Derecha infiltrada –En los últimos 10 años, los decretos han constituido el marco legal de muchos de los cambios en el área educativa. ¿Por qué no se ha logrado un proyecto de ley a pesar de que en 2001 hubo consenso? –Hay un problema elemental: yo era ministro de Educación y de acuerdo con el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, la Comisión de Educación tenía que haberme invitado a las discusiones, pero eso no ocurrió. Esa comisión me interpeló siete veces, pero para discutir la ley nunca. Le dije al presidente de la Asamblea “por favor, invítame”, pero no hubo manera.

–¿Los redactores de la ley por parte de la Asamblea no eran de su mismo partido? –Es la gente de José Luis Farías, de Ernesto Alvarenga.

–Pero ellos en ese momento eran de su partido. –Claro que sí, pero era la derecha infiltrada, ¿desde cuándo no conspiran ellos? Y dime una cosa, ¿desde cuándo Alvarenga es bueno? ¿por qué cuando era chavista era malo?

–¿Pero cómo puede decir que fue a sus espaldas algo que hizo gente de su partido? –Era una gran conspiración lo que había allí, ¿por qué crees que el Presidente reaccionó como reaccionó? Y dijo que batearía el proyecto con el bate de Sammy Sosa. A última hora, como no me paraban, yo hice un proyecto de ley ¿crees qué hay rastro de ese proyecto en la Asamblea? María de Queipo me lo pidió porque lo desaparecieron. Este es un tema político y fue político en esa época.

–Pero insisto, lo aprobaron en pleno, y allí había chavistas que aún continúan en el proceso. ¿Qué elementos le parecían irregulares o peligrosos en ese proyecto? –No permitía avanzar, ¿cuál era la diferencia con respecto al proyecto actual? No era ni siquiera orgánico.

–En el documento que usted entregó a la Asamblea se le otorgan decisiones al Estado como único ente rector.

Por ejemplo, el control de los medios de comunicación. ¿No peca de exceso de centralismo y no le pondría ello barreras a la libertad de expresión? –El tema de los medios de comunicación está tanto en la Constitución como en la vieja ley orgánica, nosotros sólo profundizaríamos en la materia. Una docente me dijo que cinco horas de trabajo con un niño se lo acaba media hora de televisión, sobre eso hay que hacer algo. Cuando uno va por la autopista y ve las vallas en las que mujeres venden ron y caña, ¿qué le estamos diciendo a los niños? Sobre eso hay que asumir una posición, buscar unos mecanismos. Creo que un medio de comunicación puede informar y distraer, pero haciéndolo bien; en otros países hasta la televisión por cable está regulada. ¿Vamos a permitir que ese huésped alienante, como lo llamaba Marta Colomina, que ya no lo llama así, se te meta a tu casa impunemente, sobre todo con tus hijos?

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