El gobierno venezolano ha sorteado, hasta ahora,  dos de los escándalos más impactantes de los últimos tiempos utilizando las más trajinadas estrategias usadas por el ser humano desde que existe sobre la tierra: hacerse el pendejo y armar un escándalo en previsión de lo que viene, como el marido que entra a la casa, a las tres de la mañana, armando un escándalo porque todas las luces están prendidas y hay que ahorrar electricidad.

La primera estrategia la ha aplicado con la maleta de los 800 mil dólares. Escandalazo que ha trascendido cuatro países y cuyo punto de inicio fue Caracas. Un individuo, Antonini Wilson , sacó de Venezuela una valija llena de dólares en momentos en que ningún venezolano puede disponer de la moneda americana en efectivo pues existe control de cambio desde hace varios años.

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Dejando a un lado las implicaciones de este caso, que se ha llevado por delante a varios venezolanos, argentinos, uruguayos y hasta americanos, que ha envuelto a mandatarios y provocado la renuncia de importantes personeros de los gobiernos, entre ellos del venezolano, uno, ingenuo, que ha debido pasar por todos los tramites de Cadivi para obtener unos pocos dólares para viajar, que se ha aterrorizado con el cupo de la tarjeta, se pregunta,  cómo obtuvo ese dinero efectivo el venezolano-americano hoy procesado en Estados Unidos, cómo hizo para comprar tal cantidad de billetes, dónde compró, canjeó o sencillamente lo recibió, pero además, cómo fue que sacó ese realero por el aeropuerto de Maiquetía, donde por una mínima sonrisita nerviosa lo requisan a uno como si fuera delincuente.

Estas preguntas que se hace la gente de a pie no han conseguido ninguna respuesta de las autoridades venezolanas. No se dan por aludidas, están muy ocupadas armando su partido, escogiendo candidatos y planificando el trapo rojo, la cortina de humo, de la semana siguiente. Sencillamente se han hecho la vista gorda, los pendejos.

La segunda estrategia, la de armar una batahola previsiva, está clarita en el caso de las  computadoras del guerrillero Raúl Reyes . Mucho antes de que se conocieran los resultados de las experticias de la Interpol, ya el presidente Chávez estaba augurando lo que de ahí saldría: seguro van a decir que nosotros estamos ligados a las FARC, “pronosticó” con ese tono burlón que utiliza en sus maratónicos  programas.La explosión vino casi de inmediato. No había terminado la rueda de prensa del director del organismo internacional cuando ya el presidente venezolano estaba tildando al funcionario de vagabundo y al acto mismo de payasería. A grito pelao.

Y mientras el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, pide investigar a los congresistas Piedad Córdoba, ex mediadora de paz, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, y a nueve personas más, entre ellas cuatro extranjeros de los cuales uno es un diputado venezolano, por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nuestra Fiscal (o ¿Fiscala?) General, Luísa Ortega Díaz, sostiene que el informe de Interpol está "viciado", e insta a los países miembros de este cuerpo policial a pronunciarse. "Me gustaría que los países que forman parte de Interpol solicitaran explicaciones al respecto, porque no puede ser que un funcionario como lo es el secretario general, Ronald Kenneth Noble, esté avalando cosas como estas".

Las dos tácticas, aunque manidas, están dando los resultados esperados. Hasta ahora, ninguna institución de las que deben investigar o impartir justicia en Venezuela se ha percatado de los 800 mil dólares ni de la información de las computadoras que implicarían a venezolanos en delitos internacionales.

 Para la memoria

AN decide próxima semana si investiga relación Gobierno-FARC

El Nacional
CECILIA CAIONE

23-05-08

La junta directiva de la Asamblea Nacional dará la próxima semana una respuesta oficial sobre la investigación solicitada por un grupo de estudiantes, encabezado por Yon Goicochea, destinada a determinar si existe relación entre el Gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.El segundo vicepresidente del Parlamento, José Albornoz, informó que cada uno de los integrantes de la junta directiva revisará por separado la petición de los jóvenes, y luego la estudiarán en conjunto para ofrecer una respuesta oficial sobre si abrirán la averiguación o, por el contrario, la desecharán.
"Creemos que tiene un tinte político de fondo. Sin embargo, nuestro deber es recogerlo como parlamentarios, ver, hacer el análisis y ser lo más sensato, justo y serio para una tomar una decisión", dijo Albornoz.

Pese a lo expresado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, fuentes vinculadas al Parlamento aseguran que la investigación no procederá, porque el documento de la Interpol, en la que los estudiantes basan su solicitud, no es oficial y "fue bajado de Internet".

El pasado miércoles, los estudiantes consignaron, a través de los diputados de Podemos, un documento en el que piden a la Asamblea Nacional que investigue las evidencias evaluadas por Interpol y las consecuencias jurídicas, nacionales e internacionales, que de ellas podrían derivar.

Solicitan además que una vez efectuada la averiguación se proceda a la remisión de las conclusiones al Ministerio Público para que pueda determinar las responsabilidades penales a que haya lugar.

De acuerdo con el escrito presentado ante el Parlamento, la investigación debe estar supervisada por una comisión de la verdad, integrada por personalidades venezolanos y extranjeras.

Reclamo. En la plenaria de ayer, el diputado por Podemos Ismael García le reclamó a la junta directiva que le prohibieron la entrada a los estudiantes en el Palacio Federal Legislativo."No solamente tuvimos que recibir a unas personas fuera, sino que luego de que los diputados de Podemos salimos a atenderlos (a los estudiantes) cerraron con cadenas las puertas del Parlamento", dijo.

Advirtió que una vez afuera se acercaron "unos guapetones que son pagados para que agredan a las personas que llegan a la Asamblea con ideas distintas", pero éstos se retiraron porque se presentó otro grupo de manifestantes.

"Aquí se hacen saraos, se ha bailado tambores, se ponen pantallas por fuera; no estamos en contra de eso, pero como diputados tenemos derecho a usar los escenarios del Parlamento", manifestó.

Evitar anarquía. La protesta de García fue respondida por el presidente (e) de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, quien aseguró que en el Poder Legislativo existen normas que deben respetarse. "Nuestra obligación es respetar la forma como funcionamos, porque si no nos anarquizamos. Si cada diputado va a disponer de los espacios del Palacio en los horarios y en el momento que lo considere; vamos hacia la anarquía", agregó.

Recordó que en la AN existen espacios para las reuniones y que en cada bloque parlamentario existen locales para los encuentros, además de que cada diputado tiene su cubículo.

Ortega insistió en que es una obligación de cada uno de los diputados colaborar con el orden interno y respetar el Reglamento Interior y de Debates.

EL NACIONAL -

Viernes 23 de Mayo de 2008      

Eximen de prisión a ex directivo de Pdvsa

Daniel Uzcátegui, ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela, y su hijo Diego fueron eximidos de prisión a cambio de una fianza en la causa que instruye un juez de Buenos Aires por el maletín con dinero incautado en Argentina.

El juez en lo Penal Económico Daniel Petrone fijó a cada uno de los venezolanos una fianza de 150.000 pesos (47.300 dólares) para darles el beneficio de no quedar detenidos si fueran procesados, informaron fuentes judiciales.

Los Uzcátegui son sospechosos de complicidad con el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, a quien el 4 de agosto pasado se le incautaron 800.000 dólares que intentó ingresar clandestinamente al país, caso que desató un escándalo y un entredicho diplomático entre Argentina y Estados Unidos, conocido como el caso del maletín.

Antonini Wilson y Diego Uzcátegui formaban parte de los pasajeros de un avión rentado por Energía Argentina (Enarsa) que había llegado a Buenos Aires procedente de Caracas con funcionarios del Gobierno, de la empresa estatal argentina y de Pdvsa.

En estas actuaciones es investigado Claudio Uberti, ex directivo argentino de un organismo de control de las concesiones viales, quien aseguró que había permitido que Antonini Wilson viajara en ese vuelo a petición del ex directivo de la petrolera venezolana.

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